Clicks338
es.news
1

Condenado por salvar vidas: La justicia Argentina al servicio de la muerte

Por José Arturo Quarracino

Días pasados publicamos un artículo, Impidió un aborto y salvó dos vidas, médico en juicio, en el que denunciábamos las aberraciones ejecutadas por los poderes políticos y judiciales de la provincia de Río Negro, a través del juicio promovido contra el médico tocoginecólogo Leandro Rodríguez Lastra, por el ¿¿¿delito??? de “salvar dos vidas”: por un lado, la de una joven supuestamente violada que no quería tener el hijo gestado y que, por ello, había intentado provocarse un aborto en forma clandestina, impulsada por médicas de un hospital público de la región, y por otro lado, el bebé que sobrevivió al intento de aborto y al nacer fue entregado en adopción por la madre que no lo quería.
El “crimen” del médico imputado, el doctor Leandro Rodríguez Lastra, consistió en haber protegido al bebé en proceso de nacimiento (llevaba 22 semanas y media de desarrollo fetal) hasta que pudiera provocarse su nacimiento con posibilidades reales de supervivencia. Esta decisión no sólo permitió que el niño naciera y creciera normalmente (hoy tiene 2 años de existencia), sino que además salvó la vida de la joven madre supuestamente violada, porque tendría que haber sido sometida a una operación de parto prematuro, ya que realizar el aborto era inviable y sumamente peligroso para la madre que no quería tener al niño.

Al médico condenado se le aplicó la figura penal de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, aunque haya salvado las dos vidas. Porque hay una ley provincial (4796 del año 2012, titulada Atención sanitaria en casos de abortos no punibles) que promueve la práctica obligatoria del aborto en casos de embarazos producto de una violación, invocando un supuesto “derecho al aborto legal” que no existe en el Derecho Penal Argentino y que vulnera la Constitución Nacional, la cual define que todo ser humano es persona desde el momento de la concepción. Por este motivo, ninguna ley nacional ni provincial puede imponer el “aborto legal”, que en la práctica significa la aplicación de la pena de muerte para los niños por nacer. Como la Argentina adhirió y rubricó en su momento la Convención Americana sobre los Derechos Humanos (1969), que tiene rango constitucional y que prohíbe a los países signatarios de la misma implantar la pena de muerte donde no rige, la ley provincial pro-aborto es anticonstitucional e ilegítimamente aplicada.

Acorde a los mandatos antinatalistas y genocidas del Imperialismo Internacional del Aborto, la redacción y sanción de esa ley provincial pro muerte se fundamentó en mentiras y falsedades, tomando como protocolo aplicable para la práctica de abortos “no punibles” una “Guía de Atención Integral de los Abortos no Punibles aprobada por Resolución 1184/2010 del Ministerio de Salud de la Nación”, LO CUAL ES UNA MENTIRA TOTAL, porque NO EXISTE ESA RESOLUCIÓN MINISTERIAL, tal como lo certifica la última edición de esa Guía, en el año 2015.

En otras palabras: la ley provincial pro aborto instituyó en el año 2012 una figura -aborto no punible- que no tiene sustento jurídico ni legal alguno, es antagónica y contraria a la Constitución Nacional y se basa en una guía técnica que no está oficializada, es un simple documento administrativo, redactado por una ONG “argentina” -Casa Fusa- que es miembro de la red abortista británica International Planned Parenthood Federation -IPPF-, principal impulsora de la legalización del aborto -pena de muerte a niños por nacer- a través de varias organizaciones seudo privadas, subvencionadas con fondos públicos nacionales, provinciales y extranjeros.

¿Por qué ha podido obrar con tanta impunidad? Porque en una sentencia del año 2012 -F.A.L. s/Medida autosatisfactiva, la Corte Suprema de la Nación ha dado el aval a que por simple denuncia escrita, sin intervención policial y judicial alguna, cualquier mujer puede pedir el asesinato de su propio hijo antes de que nazca, simplemente alegando -SIN PRUEBA ALGUNA- que ese hijo es fruto de una violación. Con esta sentencia, el máximo tribunal judicial del país violó la Constitución Nacional que debe salvaguardar, creando una ley sin tener ninguna potestad para hacerlo y avalando de hecho la pena de muerte contra inocentes, sin juicio de por medio.

En síntesis: el doctor Leandro Rodríguez Lastra fue condenado por no haber matado a un niño antes de nacer, por haberse negado a hacerlo según un documento técnico elaborado por una entidad privada pro-muerte y subvencionada por capitales extranjeros y por no haber quebrantado la Constitución aplicando la pena de muerte contra un inocente.

Con la mismísima Corte Suprema de la Nación avalando la violación de la Constitución Nacional y la aplicación sin juicio alguno de la pena de muerte contra las personas más inocentes e indefensas de todas.

Esta es la Argentina de hoy,
infiltrada cultural, ideológica y judicialmente por la ideología genocida del Imperialismo Internacional del Aborto (brazo izquierdo-progresista del Poder Financiero Mundial), para imponer la peor de todas las penas de muerte, violando su propia Constitución Nacional, con el respaldo de quienes deberían ser garantes de ésta última.

En la Argentina del papa Francisco el infierno genocida abortista ha comenzado a mostrar sus uñas: juicio y condena para los que salvan vidas, apoyo jurídico-judicial para los que matan.
DEFENSA DE LA FE likes this.