Carta a los fieles acerca de la supresión de las actividades de culto

Carta de D.Vicente Ribas Prats, administrador diocesano de la Diócesis de Ibiza y Formentera a los todos los fieles de la diócesis.

«El pasado día 15 de este mes, la Consellera de Sanidad, la Ilma. Sra. Dª Patricia Gómez Picard, hacía publica una resolución en la que se adoptaban una serie de medidas temporales para la contención de la Covid 19. Esta resolución fue publicada en el BOIB (nº 160) al día siguiente y entraron en vigor el sábado día 18 a las 22 horas.

Entre las medidas adoptadas hay una que hace especial referencia a los lugares de culto y que dice textualmente: “Se suprime la actividad de los lugares de culto, con excepción de la celebración de funerales, que podrán hacerse siempre que no se supere el 33% de la capacidad y con un máximo de 15 personas. La capacidad máxima ha de ser publicada un lugar visible del espacio destinado al culto. Se han de cumplir las medidas generales de seguridad y de higiene establecidas por las autoridades sanitarias”.

La Sra. Consellera ha decido cerrar las dos parroquias de la ciudad de Ibiza situadas dentro de la zona confinada: la parroquia de Santa Cruz y la parroquia de Nuestra Señora del Rosario.

Al reflexionar y meditar sobre tan desproporcionada e injustificada medida, no puedo dejar de preguntarme por los criterios objetivos que han llevado a la responsable de salud a nivel autonómico a la adopción de suprimir el culto. Y cuanto más reflexiono y medito sobre la objetividad de esta medida, más claro se muestra que, tras esta supresión, no hay absolutamente ningún criterio objetivo, excepto la pura y más absoluta arbitrariedad.

La libertad religiosa, como casi todo el mundo sabe, puesto que parece que hay quien lo desconoce, está recogida por la “Declaración de los Derechos Humanos” y en las constituciones o cartas magnas de todos los países que se declaran y son democráticos, como es el caso del nuestro.

Los “Derechos Humanos” son facultades legítimas del ser, del haber y del tener, y han de ser protegidas por el orden legal. Los derechos no son expresiones del individuo, ni privilegios de algunas personas, ni prerrogativas de una cierta categoría de personas, grupos, sociedades o países. El poder político no concede los derechos, los reconoce, los respeta y los promueve. Por ello, la dignidad del ser humano y de todo un país está en intrínseca relación con los derechos y deberes de hombres y mujeres.

La vida social debe sentir sobre ella la fuerza de la ley: como protección, como ordenación, como constricción, como amenaza penalizadora, etc. Para saber que no vivimos en la anarquía, ni en la imposición de los deseos del más fuerte.

Sin embargo, ni lo justo ni lo ético no pueden ser confundido con lo legal. Los problemas éticos deben ser resueltos en el campo ético y no en el jurídico. La ley no puede suplantar ni a la justicia ni a la ética. No todo lo legal es siempre ético. Recordemos que la ley, cualquier ley debería cumplir tres principios fundamentales: que sea justa, buena y conveniente (según el bien común). Por ello, no se ha de confundir ni equiparar lo lícito jurídico con lo bueno, con lo justo y con lo conveniente. Esta situación reclama la recuperación de la justicia desde sus propios fundamentos: la persona, la libertad, la conciencia, los valores y la objetiva y trascendente distinción entre el bien y el mal. Esto es saber verdaderamente qué es la justicia. Lo cual es de suma importancia a la hora de establecer leyes, normas y resoluciones de obligado cumplimiento.

La pregunta sobre qué es justo cuestiona la responsabilidad del sujeto: sobre lo que tiene que hacer. Es la pregunta sobre la coherencia: ¿qué es lo que tengo que hacer para ser coherente conmigo mismo, para comportarme con justicia?

Esta cuestión abarca todas las dimensiones y aspectos de la vida del hombre: de lo personal y familiar a lo social, cultural, sanitario, científico, técnico, económico, político, laboral, empresarial e incluso religioso.

La justicia como signo del progreso en la sociedad, a la luz de estas consideraciones, podría articularse en algunas conclusiones que han de estar presentes en todo ser humano, en toda época, pero mucho más en situaciones como la que estamos atravesando.

Por ello se impone denunciar todos los abusos que se cometan en nombre de la justicia. Porque

—La justicia no se reduce a los resultados de la mayoría democrática, a la estadística o a la sociología. Tampoco se identifica con lo legal.

—La libertad humana no se puede comprender al margen de la justicia ni de la verdad ni del bien.

En este sentido se debe superar la mentalidad de la sociedad y sus prejuicios.

¿Qué ocurre cuando no se supera esta “miserable” mentalidad?

Vivimos en una época en la cual, por extraño que parezca, muchos individuos bastante cultivados consideran que la verdad [y con ella la justicia] no merece ningún respeto especial. Por supuesto, todos sabemos que una actitud displicente hacia la verdad es más o menos endémica entre el colectivo de publicistas, periodistas y políticos, especies cuyos miembros suelen destacar en la producción de charlatanería, mentiras y cualquier otro tipo de fraudulencia e impostura que puedan imaginar. No es ninguna novedad, y ya estamos acostumbrados a ello” (H. Frankfurt, Sobre la verdad y lo falso, II).

Así pues, la justicia, en su sentido amplio e integral, se ha ido fragmentando para defender contenidos parciales que, al desgajarlos de su unidad, en ocasiones, según la vehemencia de quien los defiende, se tornan hostiles y monstruosos. Parece que atrás quedó la idea de tomar los “Derechos Humanos” y los “deberes” en serio, es decir, la defensa de la vida, la dignidad humana, la libertad, la igualdad, el bien común, el salario justo, la vivienda, la educación, la protección de los más débiles, el reconocimiento y protección de las creencias personales y colectivas, etc. Paulatinamente estas ideas han sido reemplazadas por otras que, aunque conservando el nombre, están carentes de significado. Se cumple lo atestiguado por el poeta benedictino del siglo XII, Bernardo Morliacense, que a su vez fue parafraseado por el famoso pensador y escritor Umberto Eco: Stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus (De la primitiva rosa sólo nos queda el nombre, conservamos nombres desnudos).

Es preciso iniciar un proceso de recuperación, pues cualquier sociedad que procure gozar de un grado mínimo de funcionalidad debe tener una idea clara de la infinitamente proteica utilidad de la verdad [sobre todo en su relación a la justicia]. Al fin y al cabo, ¿cómo una sociedad que no se preocupa por la verdad podría emitir juicios y tomar decisiones bien informadas sobre la manera más adecuada de gestionar sus asuntos públicos? ¿Cómo podría florecer, o siquiera sobrevivir, sin tener el conocimiento suficiente sobre los hechos relevantes para logar sus objetivos y afrontar con prudencia y eficacia su problema?” (H. Frankfurt, Sobre la verdad y lo falso, I).

No nos enfrentamos a un problema cualquiera, no estamos en medio de una crisis sanitaria (como otras en la historia) para olvidarnos de ella y de sus consecuencias una vez superada. De hecho, estamos ante una cuestión de gran envergadura para la “memoria histórica”, algo que no es únicamente válido y reivindicable para unos determinados acontecimientos del siglo XX, sino también, para el ayer mismo, para nuestro presente y para nuestro futuro.

Supongamos que un puente se derrumba aunque no haya soportado una carga fuera de lo normal. ¿Qué conclusión sacaríamos de ello? Como mínimo, que quienes proyectaron y construyeron el puente en cuestión han cometido algún error de bulto. Para nosotros, sería obvio que alguna de las soluciones que concibieron, ante los múltiples problemas a los que se enfrentaron, resultó fatalmente incorrecta.

Esto también se aplica, por supuesto, al caso de la medicina. Los médicos deben tener una opinión fundada sobre cómo tratar la enfermedad y las lesiones. En consecuencia, necesitan saber qué medicamentos y que procedimientos pueden, con la mayor certeza posible, ayudar a sus pacientes, cuáles de ellos no tendrán ningún efecto terapéutico y también cuales pueden resultarles perjudiciales.

Nadie en su sano juicio confiaría en un constructor o se sometería al cuidado de un médico a quienes la verdad les tuviera sin cuidado” (H. Frankfurt, Sobre la verdad y lo falso, II).

Y esto, por tanto, hay que aplicarlo a la Sra. Consellera de Sanidad. A ella que es la gestora responsable de esta crisis y a quienes la asesoran. “Y, aunque, en todos estos contextos existe una clara diferencia entre hacer las cosas bien y hacerlas mal, y por tanto una clara diferencia entre lo verdadero y lo falso. Ciertamente, a menudo se afirma que la situación es distinta si se trata de análisis histórico o de comentarios sociales; sobre todo cuando se trata de valoraciones de las personas y las políticas que, por lo general, incluyen tales comentarios.  El argumento que acostumbra a esgrimirse para apoyar esta afirmación es que dichas valoraciones siempre están muy influidas por las circunstancias y actitudes personales de quienes las realizan, y que por esta razón no podemos esperar que las obras de carácter histórico o sociológico sean rigurosamente imparciales y objetivas” (H. Frankfurt, Sobre la verdad y lo falso, II).

La defensa de la justicia no es un asunto de una ideología, sea la que sea, si no una cuestión de humanidad y del reconocimiento de la dignidad de la persona humana. La defensa de la justicia tiene como misión fundamental, recordar aquellos argumentos que son obvios y simples, pero que a veces se olvidan; no es que no se sepan, de hecho para olvidar algo hay que haberlo sabido previamente… y esto que parece obvio también se olvida, o se niega, como justamente lo ha hecho, en estos días –puede que se haya convertido desde hace tiempo en una costumbre–, la resolución de la Sra. Consellera de Sanidad: “Se suprime la actividad de los lugares de culto, con excepción de la celebración de funerales, que podrán hacerse siempre que no se supere el 33 por ciento de la capacidad y con un máximo de 15 personas. La capacidad máxima ha de ser publicada un lugar visible del espacio destinado al culto. Se han de cumplir las medidas generales de seguridad y de higiene establecidas por las autoridades sanitarias”.

 A ella habrá que responderle citando a Antonio Machado: ¿Tu verdad? No, la verdad, y ven conmigo a buscarla. La tuya, guárdatela.

Por ello, hemos presentado un recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares contra la medida que afecta a los lugares de culto.

A todos los fieles cristianos de Ibiza que se han visto privados de este derecho fundamental les pido que sobrelleven esta dificultad con ánimo evangélico.

Vuestro en el Señor.
Ibiza, veintiuno de septiembre de dos mil veinte.
Vicente Ribas Prats
Administrador Diocesano y Párroco de Santa Eulalia y San Mateo