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La mediatización y sombras del «Caso Gaztelueta»

Por Redaccioninfovaticana | 02 noviembre, 2022

El periódico El Debate publica hoy un artículo de opinión titulado: Juicios mediáticos, Iglesia católica y garantías del acusado. Lo escribe Fernando Simón Yarza, profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Navarra.

«Llevo años siguiendo muy de cerca el llamado «caso Gaztelueta», un mediático proceso penal sustanciado contra un profesor de un colegio concertado vasco por abusos sexuales. Se trata de un caso plagado de sombras, en el que las garantías del reo se vieron seriamente comprometidas ante la Audiencia Provincial de Bizkaia», escribe el profesor.

Simón Yarza manifiesta en el artículo la «honda preocupación que me causa la quiebra que los juicios mediáticos están produciendo en la presunción de inocencia, inquietud que vi confirmada el 9 de septiembre de 2020, cuando el Tribunal Supremo corrigió la resolución de instancia por violar dicho principio».

Este profesor, saliéndose de las versiones oficiales que existen sobre este caso, abre la puerta a que el profesor condenado, podría haber sido absuelto. «El Supremo declaró que la Audiencia Provincial de Bizkaia vulneró la presunción de inocencia; y no es aventurado conjeturar que, si hubiese tenido competencias para reconsiderar plenamente la prueba, su decisión podría haber sido absolutoria», afirma Simón Yarza.
Atentado contra los Derechos Humanos

El profesor de Derecho Constitucional, añade que «mi preocupación por la situación en la que los juicios mediáticos están dejando las garantías del reo se extiende hoy, por desgracia, al ámbito de la Iglesia. Pese a su compromiso declarado con los derechos humanos, el Santo Padre –he de suponer que mal asesorado– ha decidido emprender una vía que atenta contra principios básicos de un Estado de derecho y contra derechos humanos ampliamente reconocidos por la comunidad internacional».

Fernando Simón Yarza denuncia en su artículo que «causa perplejidad, en primer lugar, que investigase la comisión de un delito clerical (cfr. Canon 1395 § 2; vid. también el actual Canon 1398 § 2) por un laico, un hecho sencillamente incalificable. Aun manifiestamente ilegítimo, el procedimiento se saldó con el mandato de «restablecer el buen nombre y la fama del acusado» (Carta enviada al director del colegio Gaztelueta por monseñor Ladaria, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe). Pues bien, la Iglesia pretende reabrir ahora el caso y poner en entredicho su antigua conclusión basándose en la condena de la AP, sobre la que el Supremo, con su propia sentencia, ha arrojado un mar de dudas. Se dispone, además, a aplicar procedimientos que serían impensables en cualquier Estado de derecho».

El profesor concluye sentenciando que «nos encontramos ante un modo de proceder que debe causar indignación a cualquier jurista de un Estado civilizado. ¿Por qué no firma la Santa Sede el Convenio de Roma y somete sus decisiones al escrutinio del Tribunal de Estrasburgo? De continuar por esta vía, propia de los peores tiempos del Santo Oficio, terminarán siendo los fieles laicos católicos quienes instarán al Estado a denunciar los tratados de cooperación con la Santa Sede a fin de que cambie sus prácticas, y lo harán por su propia seguridad».
La investigación ordenada por Francisco

El pasado mes de septiembre se hizo público la apertura de una nueva investigación encargada por el Papa Francisco, quien nombró un Tribunal presidido por el obispo de Teruel y Albarracín, monseñor José Antonio Satué.

Además de monseñor Satué actuará como notario José Luis Perucha Rojo, Rector del Seminario de la Diócesis de Sigüenza-Guadalajara. Y formarán el tribunal, junto con el presidente, Mirian Cortés Diéguez, Rectora del Universidad Pontificia de Salamanca, y Federico Mantaras, actual delegado para la Causa de los Santos en la diócesis de Jerez y que acaba de ser recientemente relevado como Vicario general de la Diócesis.

El obispo de Teruel es persona cercana al cardenal Omella y licenciado en Derecho Canónico por la Universidad Gregoriana de Roma, en la que fue rector el jesuita Ghirlanda.

Antes de tomar la decisión de nombrar este tribunal no solo instructor, el Papa solicitó al cardenal Ladaria, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la fe, el expediente del caso Cuatrecasas. El cardenal Ladaria remitió al Santo Padre el expediente con alguna advertencia.

Tal y como advierte el profesor en su artículo, y hemos publicado en este medio, carece de toda lógica la apertura de una investigación canónica contra un laico. Lo que es evidente, es que el Papa Francisco ha decidido, sorprendentemente, tomar parte en este asunto de manera personal. Así lo demostró recientemente cuando envió una carta de su puño y letra al padre del joven en donde le aseguró que le mantendría informado de cualquier novedad.

Cabe señalar, que en las próximas semanas o meses se espera una importante entrevista del Papa Francisco, de nuevo con el periodista de La Sexta, Jordi Évole, tal y como adelantó Religión Confidencial. En esa entrevista, además de Francisco, participan más personas a modo de coloquio entre Francisco, el periodista y un grupo de personas preseleccionadas.

Según ha podido saber este medio, en ese encuentro, que será publicado por La Sexta, aparece el joven del «caso Gaztelueta» junto con el Papa Francisco, quien le habría pedido perdón en ese encuentro por los abusos cometidos, según la Justicia española, por el exprofesor numerario del colegio Gaztelueta.

La mediatización y sombras del "Caso Gaztelueta"