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Censurado por no censurar

Ignacio Aréchaga. El Sónar, 1 de julio de 2020.

La censura solía ser un instrumento de un gobierno autoritario para silenciar opiniones y noticias que le molestaban. Ahora, en sociedades democráticas, la censura puede provenir de grupos que se sienten ofendidos por opiniones discrepantes de otros. El modo más expeditivo para purgar una voz fuera del coro es calificarla de “discurso del odio”.

En EE.UU., al calor de las protestas del movimiento Black Lives Matter, proliferan las incitaciones a censurar en las redes sociales y en los medios de comunicación las opiniones supuestamente “odiosas”. En principio, se trataría de expurgar las tomas de postura racistas y las que promueven el odio contra algún grupo. La presión se ha volcado sobre las redes sociales, acusadas de adoptar una neutralidad que algunos identifican con complicidad. Tradicionalmente Facebook, Twitter o YouTube se han presentado como plataformas neutrales, que se limitan a albergar los contenidos que suben sus usuarios. Sin embargo, ahora grupos de activistas les empujan a que tomen partido contra lo que ellos dictaminan como “discurso del odio” o como informaciones falsas en sus plataformas.

Facebook es la que hasta el momento se ha resistido más a ejercer de árbitro de temas espinosos en un país cada vez más crispado. Para asumir su responsabilidad social sin ejercer de censor, Facebook creó hace unos meses un comité externo, independiente de la compañía, para dirimir estas cuestiones sobre contenidos disputados. Pero lo que ahora se le pide es que intervenga activamente para expulsar contenidos de la red. Y en un momento en que el marketing corporativo pasa por demostrar que uno es más antirracista que nadie, importantes anunciantes (desde Unilever a Coca-Cola) han amenazado con retirar su publicidad de Facebook si la red no se muestra más beligerante contra el “discurso del odio”.

Tampoco es que Facebook deje publicar cualquier cosa. La red tiene todo un ejército de moderadores dedicado a expurgar contenidos que hagan apología del terrorismo, inciten a la violencia física, incluyan pornografía, pedofilia u otros contenidos delictivos. Cuando en Alemania se planteó también el debate sobre la responsabilidad de las redes sociales, Facebook reveló, según Spiegel Online, que en el primer trimestre de 2019 había eliminado 160.000 contenidos.

Pero lo que ahora se plantea es la erradicación de opiniones calificadas de “discurso del odio”, un concepto poco definido y con una importante carga de subjetividad. A diferencia de otras restricciones a la libertad de expresión, el “discurso del odio” no es algo claramente tipificado. Por ejemplo, en el Reino Unido, una guía de la policía metropolitana de Londres dice: “La evidencia del elemento de odio no es un requisito. No necesita percibir personalmente el incidente como relacionado con el odio. Sería suficiente si otra persona, un testigo o incluso un oficial de policía pensara que el incidente estuvo relacionado con el odio”. O sea, el odio no se prueba por los hechos sino por la susceptibilidad de la supuesta víctima o terceras personas.

La Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea concreta algo más al declarar que el “discurso del odio” hace referencia a “la incitación y fomento del odio, discriminación u hostilidad hacia un individuo a causa de un prejuicio basado en una característica particular de dicho individuo”. Con este criterio, muchas de las cosas que se escriben contra Trump podrían entrar también en el discurso del odio, como prejuicio contra un individuo perteneciente al grupo de hombres blancos, millonarios y conservadores.

Pero lo propio de las leyes o posturas contra el “discurso del odio” es que solo protegen a ciertos colectivos, que suelen ser los de mayor influencia políticamente correcta, mientras olvidan a otros. También en el debate actual en EE.UU. se mirará con lupa cualquier expresión que pueda entenderse como negativa del colectivo de personas de color, pero hay barra libre para sentenciar que cualquier blanco es culpable o cómplice de un racismo sistemático.

Es verdad que hay grupos de supremacistas blancos con opiniones virulentas y actitudes proclives a la violencia. Pero ¿hay que suponer que los que se dedican a tirar las estatuas de Colón o de Fray Junípero Serra o los que incendian negocios lo hacen movidos por el amor? ¿O que los discursos de Black Lives Matter son un ejemplo indiscutible de equilibrio y de búsqueda de la armonía social?

Lo innovador de la nueva censura es que puedes ser denigrado y excluido no solo por lo que dices sino también por lo que no dices. “White silence is violence”, decía una pancarta de estos días (esgrimida por una persona blanca, por supuesto). Pero si uno sale del silencio y condena la brutalidad policial sin suscribir la tesis del racismo sistemático, entonces tu opinión pasa a ser odiosa e intolerable. Aquí no se exige menos que la adhesión incondicional.

Si Facebook ha procurado no entrar a dictaminar lo que es o no discurso del odio, Twitter parece más segura de estar en la verdad. Por ejemplo, en el asunto de la reverencia debida a los deseos de los trans. Esto le ha llevado a eliminar la cuenta de Graham Linehan, humorista creador de comedias de situación, por tuitear “men aren’t women tho”, en respuesta a un post del Instituto de la Mujer que deseaba a sus miembros transgénero un feliz Orgullo. Se ve que, a pesar de la preocupación por las fake news, recordar que el sexo biológico es real es una verdad demasiado cruda para Twitter.

En otros temas, en cambio, se trata a los usuarios como menores de edad que deben ser advertidos sobre las manipulaciones de los políticos. Por eso Twitter etiquetó como engañoso un tuit de Trump en el que afirmaba que el voto por correspondencia facilitaba el fraude electoral. Como si el público no supiera que un político arrima siempre el ascua a su sardina y creyera cualquier cosa que saliera de sus labios. Si hubiera que poner una advertencia ante cualquier pronunciamiento de un político, siempre habría materia para sacar tarjeta roja por lo que dice o lo que calla. El debate político ganaría altura en EE.UU. si se hiciera menos caso a un tuit con la última ocurrencia de Trump, y se rebatieran los discursos con ideas en vez de pedir a las redes sociales que corten la cabeza del disidente.

Porque el mejor modo de luchar contra el racismo y contra cualquier otro mal es descalificar intelectualmente sus presupuestos, no ocultarlos. Por eso la censura –también la subcontratada a las redes sociales– no arregla los problemas. Es más, puede convertirse en un instrumento para imponer las ideas peculiares de un grupo, como si fueran evidentes e indiscutibles. Como advirtió John Stuart Mill en On Liberty, hace falta protección no solo contra la censura del gobierno, sino también “contra la tiranía de la opinión y sentimiento prevaleciente, contra la tendencia de la sociedad a imponer, por otros medios que los civiles y penales, sus propias ideas y prácticas como reglas de conducta a los que disienten de ellas”. Y hoy día muchos que distribuyen etiquetas de “discurso del odio” en el fondo quieren decir “odio que me contradigas”.