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Lo que oculta la ley de memoria histórica y democrática

Miguel Vidal. Actuall, 20 de septiembre de 2020.

congreso.es/…CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-47-1.PDF

Una ley de amnistía para unos y de condena para otros

Todos los crímenes cometidos entre 1931 y 1936 quedan fuera del ámbito de aplicación de esta ley. La ley solo se aplica a los hechos sucedidos a partir de 1939 y solo a los hechos protagonizados por los miembros y funcionarios del régimen de Franco.

No contempla la actuación criminal de los miembros de los grupos terroristas pertenecientes al PCE (los llamados “maquis”), que siguiendo las órdenes de Stalin, desarrollaron actividades violentas durante los años 40 y 50.

Quedan fuera del amparo de la ley numerosas víctimas, como los 10.000 sacerdotes y religiosos torturados y asesinados por el Gobierno republicano, entre ellos trece obispos, o los 3.000 laicos torturados y asesinados solo por el hecho de proclamarse católicos.

En España hubo centenares de checas. Solo en Madrid había 345, más 50 centros de detención, 24 cárceles oficiales y decenas de lugares donde se procedía a las ejecuciones extrajudiciales. Quedan exonerados los responsables de las checas.

Consulta aquí los artículos de la ley

Pincha en cada enlace para leer el artículo correspondiente:

Los sentidos sustituyen a los hechos

Ciudadanos buenos y ciudadanos malos

La tergiversación, fundamento de la ley

Los españoles de 2020 hemos de pedir perdón por 1936

El fin de una transición pacífica

Ser republicano otorga patente de corso

Solo la izquierda puede tener memoria

Rigor documental cero

Una ley para adoctrinar

La policía del tiempo

Obsesiones socialistas: desenterrar a Franco, volar la Cruz

Sanciones


La ley
La realidad

Los sentidos sustituyen a los hechos

Denominación
Memoria democrática

Artículo 11. Acciones de divulgación, satisfacción y reparación simbólica

1. La Administración General del Estado promoverá el conocimiento de la memoria democrática

española mediante programas específicos de divulgación que incluirán el relato de las víctimas.

Para que sean tales, las leyes deben responder a las necesidades reales de la sociedad sobre la que actúan, y hacerlo en base a hechos concretos.

Esta ley no se refiere a los hechos, sino a los sentimientos que producen hechos de un pasado remoto.

La presente ley no parte de la realidad española de 2020 sino de los recuerdos y de la percepción de un pasado que no se vivió y tan solo se conoce a través de la interpretación posterior de terceros.

Una ley que no se basa en hechos reales concretos sino en sentimientos no es tal ley sino, a lo sumo, una rama extraviada de la psicología.

Esta ley no parte de una descripción objetiva de lo sucedido y de su contexto, una explicación histórica rigurosa que incluya todos los aspectos de aquellos hechos, sino que recurre al mero sentimiento: “el relato de las víctimas”.

Ciudadanos buenos y ciudadanos malos

Del 18 de julio de 1936 a 1978


El artículo 8 del proyecto de ley de memoria democrática establece unas fechas de aplicación de la norma muy precisas y específicas.

En dicho artículo se especifica el período y los hechos de los que se ocupa la ley:

“Julio de 1936, la Guerra Civil española, la dictadura franquista y la lucha por la recuperación de los valores democráticos hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1978.”

Fuera de estas fechas la ley no se aplica. ¿Por qué?

En Madrid funcionaron 345 checas entre 1936 y 1939. En ellas se torturaba y asesinaba por motivos ideológicos. Las checas estaban organizadas y controladas por los partidos que formaban el Frente Popular. En estos centros de represión y crimen actuaron 1.143 chequistas, de los que tan solo 91 rindieron cuentas ante la Justicia. Con esta ley, 1.052 torturadores y asesinos se convierten en héroes de la democracia.

Solo en la ciudad de Madrid, 306 sacerdotes fueron torturados y asesinados por el Gobierno de la república. El 90 por ciento de estos crímenes se cometieron en 1936. En las mismas fechas otros 398 religiosos fueron también torturados y asesinados.

Los asesinatos de sacerdotes de Madrid representan el 27,8 por ciento del total y los de religiosos, el 39,8 por ciento. Estos porcentajes sitúan estos crímenes en el delito de genocidio. Las fechas de aplicación de esta ley exoneran a los culpables, a pesar de que el delito de genocidio no prescribe.

Felix Schlayer, cónsul de Noruega en Madrid durante la guerra civil, denunció los crímenes de la república y consiguió salvar de la muerte a casi mil personas perseguidas por el Gobierno. En sus memorias narra una entrevista con Santiago Carrillo, al que acudió para pedir el cese de las ejecuciones extrajudiciales:

“[Carrillo era] un muchacho fuerte con un rostro algo brutal. [Mantuve] con él una larga charla de la que salieron todo tipo de muestras de buena voluntad por su parte para proteger a los presos y el cese de los asesinatos, pero que finalmente despertó en nosotros la impresión de desconfianza y de que no era sincero.”

Tras la entrevista, las ejecuciones en lugares como Paracuellos continuaron. En aplicación de esta ley de memoria democrática, el difunto Santiago Carrillo debería ser acusado de crímenes contra la humanidad por hechos sucedidos antes de 1939.

Manuel de Irujo fue diputado en las Cortes republicanas y ministro de los Gobiernos de Negrín y Largo Caballero. En enero de 1937 presentó ante el consejo de ministros una propuesta en la que se recogían estas frases:

“La ola revolucionaria pudo estimarse ciega, arrolladora e incontrolada en los primeros momentos. La sistemática destrucción de templos, altares, y objetos de culto ya no es obra incontrolada. Más la participación de organismos oficiales en la transformación de los templos y objetos de culto para fines industriales, la prisión confinada en las cárceles del Estado de sacerdotes y religiosos, sus fusilamientos, la continuidad del sistema verdaderamente fascista por el que se ultraja a diario la conciencia individual de los creyentes en la misma intimidad del hogar por fuerzas oficiales del Poder Público, todo ello deja de tener explicación posible.”

El Gobierno, presidido por Largo Caballero, hizo caso omiso de estas observaciones. La memoria de los responsables de los crímenes de los gobiernos republicanos no solo queda al margen de esta ley, sino que de resultas de ella se procede a su exaltación como “luchadores por la libertad y la democracia”.

La tergiversación, fundamento de la ley

Exposición de motivos


Una vez transcurrido el cuarenta aniversario de nuestra Constitución, España debe revalidar su apoyo a los valores democráticos, garantizados por la Constitución del 78, lo que significa reconocer la memoria de quienes lucharon por la libertad y la democracia, desterrar definitivamente de nuestra sociedad el franquismo y todo lo que representó, como símbolo más contundente de la negación de aquellos valores.

Disposición final tercera. Ilegalización de personas jurídicas

En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la presente ley, se promoverá la modificación de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, y de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, con el objeto de declarar ilegales las asociaciones y fundaciones que públicamente inciten directa o indirectamente al odio o violencia contras las víctimas de la Guerra Civil española y el franquismo por su condición de tales.

Desde este primer párrafo de la ley, el texto está trufado de manipulaciones:

Constitución. Nada dice la Constitución acerca de ninguna “memoria”, ni de supuestos luchadores demócratas. Con torpe ordinariez intelectual se pretende establecer una obligación, la de reconocer una “memoria” de determinadas personas, relacionándola con la Constitución.

Una democracia puesta en duda. “España debe revalidar su apoyo a los valores democráticos”, ¿Por qué? Nadie en España, ninguna fuerza política, ninguna organización, ni institución relevante, ningún actor político, social, económico, cuestiona el sistema democrático. Pero la ley sugiere lo contrario y por ello reclama que España ha de declarar formalmente su “apoyo a los valores democráticos”. ¿Por qué? Tan solo porque el PSOE lo exige, porque quiere erigirse de nuevo en el expendedor de los carnés de demócrata. Otra vez la pretendida superioridad moral de la izquierda.

El franquismo no existe. Franco murió hace cerca de medio siglo y el sistema político conocido como “franquismo” murió con él. El 18 de noviembre de 1976 los propios franquistas, reunidos en las “Cortes orgánicas”, votaron la Ley para la Reforma Política. Con aquella votación parlamentaria, el franquismo se suicidó. El 6 de diciembre de 1978, el voto del 87,78 por ciento de los españoles aprobó la Constitución. Desde entonces no hay franquismo en España, no hay partidos franquistas, ni leyes, ni procuradores en Cortes, ni Fuero de los Españoles u otras leyes franquistas.

Prohibir opinar. Nada hay que “desterrar” pues nada queda del franquismo político. Pero sí hay algunas opiniones favorables de aquella etapa, como las hay de Niceto Alcalá-Zamora, o de Alfonso III el Magno, asturiano monarca del siglo IX. Y hay estatuas y nombres de calles y de instituciones. Pero “desterrar” opiniones o placas municipales es censurar y recortar la libertad de opinión y expresión. Prohibir asociaciones civiles o ilegalizar personas jurídicas dedicadas a estudiar el pasado, como la Fundación Francisco Franco, es prohibir y no otra cosa. Es recortar derechos fundamentales, impedir la libertad de opinión y expresión.

Luchadores por la libertad. ¿Y quiénes son los que “lucharon por la libertad y la democracia” en España, cuando la libertad y la democracia vino de la mano de los propios franquistas?

Los españoles de 2020 hemos de pedir perdón por 1936

Artículo 11. Acciones de divulgación, satisfacción y reparación simbólica

2. Asimismo, realizará acciones tendentes a restablecer la dignidad de las víctimas y a difundir lo sucedido mediante:

c) Reconocimientos públicos y solicitudes de perdón.

Reparar actos injustos es loable y necesario en una sociedad democrática. Pedir perdón por hechos sucedidos en otro tiempo y protagonizados por personas que ya no viven no deja de ser una moda importada.

¿Son los españoles de 2020 culpables de las muertes causadas por el hundimiento de buques británicos en el siglo XVI, o de la muerte de civiles por los Tercios en los Países Bajos? Los promotores de esta ley argumentan que las muertes se produjeron en una dictadura. Pero en el siglo XVI, con Felipe II al frente, España no era precisamente una democracia.

Por otro lado, es un tanto excesivo calificar la república de democracia.

El fin de una transición pacífica

Exposición de motivos


Políticas públicas del derecho a la verdad, la justicia y reparación de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, así como crear las condiciones de garantías de no repetición.

Artículo 6. Día de recuerdo y homenaje a todas las víctimas

Se declara el día 31 de octubre de cada año como día de recuerdo y homenaje a las víctimas del golpe militar y la dictadura.

Al considerar culpables de crímenes no juzgados (recordados, memoria) a los españoles que no militaron en las filas del Frente Popular, del PSOE, el PCE o de la CNT, la ley divide a los ciudadanos en buenos y malos, decreta la exaltación de los primeros y la condena de los segundos, derogando así de facto la ley de amnistía de 1977, por lo que nos devuelve a la situación política y aun jurídica de la víspera de la transición. De hecho, esta ley aspira a derogar por la puerta de atrás la ley de amnistía de 1977, que facilitó la llegada de la democracia con garantías para quienes habían cometido delitos en ambos bandos contendientes en la guerra civil, así como para los autores de delitos de terrorismo posteriores a 1939.

La ley de amnistía benefició especialmente a miembros de ETA, GRAPO y FRAP y también libró a anarquistas y comunistas combatientes en la guerra civil y durante el franquismo, que podrían haber sido acusados de delitos como genocidio, que no prescriben. Gracias a esta ley, las responsabilidades de personajes como Santiago Carrillo quedaban olvidadas.

En 2018 el PSOE votó en el Congreso de los Diputados contra la proposición de Podemos y el resto de grupúsculos de izquierda y nacionalistas para derogar la ley de amnistía de 1977. Todavía no han explicado por qué ahora han cambiado de idea.

Al dejar sin efecto la ley de amnistía, lo que está haciendo la izquierda con la ley de memoria histórica es abrir de nuevo el abismo del ajuste de cuentas de la guerra civil.

Ser republicano otorga patente de corso

Exposición de motivos


España debe seguir avanzando para dar un nuevo impulso a la senda iniciada con Ley 52/2007 por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura.

Disposición final primera. Modificación de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre

1. El artículo 3 queda redactado como sigue:

«Artículo 3. Declaración de nulidad.

3. Se declaran ilegítimas y nulas, por vicios de forma y fondo, las condenas y sanciones dictadas por motivos políticos, ideológicos o de creencia por cualesquiera tribunales u órganos penales o administrativos durante la dictadura contra quienes defendieron la legalidad institucional anterior, pretendieron el restablecimiento de un régimen democrático en España.»

Quiénes padecieron persecución o violencia. En su preámbulo, la ley da por probado que todas las personas juzgadas y condenadas a distintas penas después de 1939 son “luchadores por la libertad y la democracia”, con independencia de su actuación. Y todas son inocentes, quedando anulados los juicios a que hubieran sido sometidos en el pasado, con independencia de lo que hubieran hecho en aquellos años.

Tribunales populares de la república. En la ciudad de Madrid hubo 67 tribunales populares y centros de detención extrajudicial que impartieron “justicia” republicana durante toda la guerra civil, sin procedimientos regulados, ni pruebas, ni testigos creíbles. Ni siquiera aplicaban las dudosas leyes republicanas en vigor. El 34 por ciento estaban controlados por la CNT-FAI, el PCE controlaba el 19 por ciento, el PSOE un 13 por ciento, las Juventudes Socialistas Unificadas el 9 por ciento, y el 21 por ciento de estos tribunales eran conjuntos.

Condenas ilegítimas. Tan solo por motivos religiosos, no menos de ocho mil personas fueron asesinadas en los primeros meses de la guerra civil. Acaso los mataron extraterrestres, puesto que todas las condenas de los responsables de estos hechos, que ahora la ley identifica como “luchadores por la libertad”, desaparecen “por vicios de forma y fondo”.

Solo la izquierda puede tener memoria

Artículo 8. Lugares de Memoria

1. Lugar de Memoria Democrática es aquel espacio, inmueble o paraje en el que se han desarrollado hechos de singular relevancia por su significación histórica, simbólica o por su repercusión en la memoria colectiva, vinculados con la lucha del pueblo español por sus derechos y libertades democráticas, así como con la represión y violencia sobre la población como consecuencia de la resistencia al golpe de estado de julio de 1936, la Guerra Civil española, la dictadura franquista y la lucha por la recuperación de los valores democráticos hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1978.

La ley, que sostiene que los hechos del pasado se basan en las sensaciones y los recuerdos, no en la realidad, decreta que solo la izquierda puede tener un pasado digno y puede rememorarlo.

Esta ley no considera lugares de memoria, por ejemplo, las 20.000 iglesias incendiadas durante la república y la guerra civil.

Tampoco serán lugares de la memoria tantas fosas que quieren mantener en el olvido porque no contienen cadáveres de republicanos.

Fosas como la de Villasana de Mena (Burgos), o la de Camuñas (Toledo), donde 300 personas, niños y mujeres incluidas, fueron arrojadas a una vieja mina romana, asesinadas y cubiertas de cal por las fuerzas republicanas. Aunque localizados y descubiertos, como no se trataba de muertos republicanos, no hubo para ellos ninguna memoria y los cadáveres fueron olvidados.

No son lugares de memoria las fosas de Torrejón de Ardoz, de Paracuellos, donde 276 niños fueron asesinados por miembros de los partidos del Gobierno republicano, cuya herencia ahora defienden PSOE y PCE a través de Podemos.

No hay memoria para la fosa de Borriol (Castellón), con los restos de 72 personas asesinadas. La fosa se volvió a cubrir porque eran soldados nacionales de la quinta del biberón, y no republicanos.

No hay memoria para la fosa de Cabeza del Buey (Badajoz), donde fueron asesinados por la república 113 personas, entre las que había funcionarios, abogados, médicos, maestros, sacerdotes, estudiantes, propietarios y empresarios. De ellos, 89 pertenecían o simpatizaban con el partido Acción Popular, única formación política de derechas de la localidad.

No es un caso aislado. Los historiadores que no están a sueldo de quienes apoyan esta ley hablan de "política de limpieza selectiva” al referirse a la represión republicana. Porque en centenares de localidades se repitió lo sucedido en Cabeza de Buey. Y ninguna de sus víctimas está amparada por la ley de los herederos del Frente Popular de 1936.

Rigor documental cero

Artículo 4. Censo Nacional de Víctimas

1 Se promoverá un censo de víctimas de la Guerra Civil y dictadura, con independencia de su nacionalidad, conformado con los datos suministrados por las diferentes administraciones públicas, víctimas, organizaciones memorialistas, grupos de investigación universitarios y cualquier otra fuente, nacional o internacional.

Cuando la ley confía la identificación de las víctimas a “diferentes administraciones públicas, víctimas, organizaciones memorialistas, grupos de investigación universitarios y cualquier otra fuente, nacional o internacional”, está diciendo que determinarán quién es víctima merecedora de reconocimiento los partidos políticos de izquierda, que son quienes manejan a las asociaciones de víctimas y “memorialistas”, así como al 99 por ciento de la investigación universitaria.

Una ley para adoctrinar

Artículo 7. Medidas en materia de educación y género

1. El sistema educativo español incluirá entre sus fines el conocimiento de la historia democrática española.

2. Planes de formación inicial y permanente del profesorado que incluyan formaciones, actualización científica, didáctica y pedagógica en relación con el tratamiento escolar de la memoria democrática.

3. Las Universidades fomentarán en todos los ámbitos académicos la formación, docencia e investigación en materia de memoria histórica.

Artículo 10. Capacitación y sensibilización

1. La Administración General del Estado adoptará las medidas conducentes al diseño de una estrategia de capacitación y pedagogía en materia de Derechos Humanos, Derecho Internacional y el período histórico correspondiente a la Guerra Civil española y la dictadura franquista, destinada a funcionarios públicos.

Clave en cualquier política “progresista” es el control de la educación, que se viene produciendo en España desde la última década del franquismo hasta nuestros días sin interrupción.

Todas las leyes emanadas de los Gobiernos del PSOE, González, Zapatero, Sánchez, pasan por utilizar el sistema educativo para inocular su visión del mundo, su ideología, a las nuevas generaciones.

El currículo académico actual en España es, cada vez más, un currículo ideológico, que incluye materias relativas a valores LGTB, feministas, ecologistas de tinte apocalíptico y ahora “memorialistas”.

Con ello los gobiernos de izquierda convierten a los ciudadanos en cómplices y a sus funcionarios, en expertos en manipulación de la historia.

La policía del tiempo

Artículo 9. Creación del Consejo de la Memoria

1. Se creará el Consejo de la Memoria Histórica adscrito al ministerio competente en materia de memoria histórica, como órgano colegiado consultivo y de participación de las entidades memorialistas españolas.

2. El Consejo, cuya presidencia corresponderá a la persona titular del ministerio competente, estará compuesto por representantes de la Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas, de la Federación Española de Municipios y Provincias, de representantes de las entidades memorialistas y de expertos en este ámbito.

Las leyes socialistas nacen siempre con un policía del pensamiento bajo el brazo.

Todas sus leyes ideológicas partidistas comportan la creación de una suerte de cuerpos policiales convenientemente disfrazados, apoyados a menudo en “expertos”, los mismos que se encargan de adoctrinar desde las universidades.

Tenemos policía del pensamiento en las leyes de igualdad, de género, las referidas a las mujeres, a los homosexuales, etc., y ahora en la ley de acordarse del franquismo.

Obsesiones socialistas: desenterrar a Franco, volar la Cruz

Artículo 19. Inhumación del dictador Francisco Franco

1. Los restos mortales de Francisco Franco no podrán ser ni permanecer inhumados en ningún lugar de acceso público que, con independencia de su titularidad, pueda favorecer la realización de actos públicos de exaltación, enaltecimiento o conmemoración del golpe militar de 1936, de las violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil o de la dictadura franquista.

¿Qué haría la izquierda española si no tuviera a Franco?

El “progresismo” vive sumido en una pulsión obsesiva de dudosa rentabilidad electoral, la permanente alusión a un pasado que casi nadie recuerda.

La ley anuncia con la boca pequeña que ahora toca trasladar a José Antonio Primo de Rivera, suscita dudas con respecto a los recién desenterrados restos de Francisco Franco y, según declaraciones de Carmen Calvo, habrá que "mover algunos elementos”, como la Cruz de la Basílica del Valle de los Caídos.

Sanciones

Artículo 15. Infracciones

1. Son infracciones muy graves:

La falta de adopción de las medidas necesarias para impedir o poner fin a la realización, en espacios abiertos al público, de actos de exaltación, enaltecimiento o conmemoración del golpe militar de 1936, de las violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil española, de la dictadura franquista, o del dictador Francisco Franco por parte del titular o responsable del espacio donde se desarrollen dichos actos.

Multa de 10.001 a 100.000 euros:

Artículo 15. Infracciones

2. Son infracciones graves:

El mantenimiento de simbología de exaltación de la dictadura franquista.

Multa de 2.001 a 10.000 euros