Un año de Aborto legal en Argentina - Más desaparecidos que durante la última dictadura militar

Por José Arturo Quarracino

Hoy, 30 de diciembre de 2021, se cumple un año de la legalización del aborto en Argentina por parte del Senado Nacional, la ley 27.610/29, y que el presidente argentino promulgó el 14 de enero de este año.

Como hemos afirmado en reiteradas oportunidades, la legalización del aborto no es otra cosa que la legalización de la pena de muerte prenatal o legalización del asesinato prenatal, razón por la cual le mencionada ley es claramente anticonstitucional, ya que la vida humana está protegida por la Constitución Nacional desde el mismo momento de la concepción.

Y también hemos reafirmado en diversas oportunidades que lejos de significar un progreso, esta legalización muestra el carácter claramente regresivo, prediluviano y troglodita de la mencionada legalización, porque ha consagrado la pena de muerte para los seres humanos más indefensos e inocentes de todos, los niños por nacer.

Junta Democrática Abortista

Carácter regresivo, prediluviano y troglodita que vuelve a ponerse de manifiesto un año después, mediante el festejo oficial que se ha llevado a cabo por la Cámara de Diputados nacional y por varias organizaciones proabortistas que impulsaron desde el año 2005 los proyectos de legalización que se pretendían imponer, con el apoyo financiero de organizaciones internacionales abortistas angloamericanas -Fundación Ford, Federación Internacional de Paternidad Planificada, Coalición Internacional por la Salud de las Mujeres, entre otras-, que contribuyeron con millones de dólares a promover la denominada “Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito” llevada a cabo por organizaciones “argentinas”, subalternas de aquéllas.

En la mencionada página web, a las pocas horas de haberse aprobado la ley en Argentina, el 31 de diciembre, la IPPF no sólo saludó abiertamente el “triunfo” legislativo, sino que hizo saber que fue ella misma la que “alimentó un ecosistema de organizaciones feministas y activistas por más de 15 años, lo que contribuyó a hacer posible hoy” que el aborto sea legal. También reconoció que la IPPF “apoya directamente a siete socios en Argentina, que a su vez subvencionan a otras 20 organizaciones de base de todo el país, que son las que acompañan a políticos y legisladores, hacen campañas de comunicación y difusión para hacer presente el “derecho al aborto” en el discurso público, y van a planificar activamente la mejor forma de apoyar la implementación de la nueva ley”.

Las siete socias de IPPF identificadas en el país -verdaderas organizaciones colaboracionistas cipayas- son: -Casa FUSA – Católicas por el Derecho a Decidir – CEDES (Centro de Estudio de Estado y Sociedad) – Amnistía Internacional en Argentina – Fundación Huésped – CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) – FEIM Argentina[1].
En definitiva, una invasión británica con colaboracionismo “argentino” en toda la línea, en una verdadera muestra de Imperialismo Genocida Prenatal subvencionado, entre otros países, por los gobiernos de Gran Bretaña, Alemania, Australia, Austria, Canadá, Corea de Sur, Holanda, Japón, Noruega, Nueva Zelanda, Suecia y la República Popular de China, entre otros, a través del aporte de la Federación Internacional de Paternidad Planificada[2].

Pero además de mostrarse como un verdadero sometimiento colonialista por parte de los funcionarios y legisladores “argentinos” a esta política genocida prenatal, la legalización del aborto muestra, un año después de sancionada y promulgada, que su aplicación ha resultado en un genocidio superior al practicado por la dictadura militar argentina en el Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983), a través de la política de la desaparición forzada de personas.

Esta política fue aplicada, como es público y notorio, por los grupos de tareas del “gobierno” impuesto a sangre y fuego en marzo de 1976 por las fuerzas armadas argentinas. La práctica era la de secuestrar a quienes eran considerados enemigos políticos, mantenerlos detenidos en la clandestinidad, en todos los casos identificados sólo con un número, sin ser entregados a la justicia y, en consecuencia, sin ser sometidos a juicio en el que tuvieran posibilidad de defenderse, para finalmente, en muchos casos, ser asesinados y arrojados al mar o enterrados en fosas clandestinas.

Junta Militar 1976

Con la democracia nuevamente en vigencia, a partir de diciembre de 1983, el gobierno del doctor Raúl Alfonsín designó una Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), integrada por 19 personalidades de la vida pública argentina y presidida por el escritor Ernesto Sábato, para investigar las violaciones a los derechos humanos llevados a cabo por la dictadura militar. Después de 280 días, la Comisión entregó al presidente Alfonsín un informe con toda la información que se había podido recoger sobre la suerte de los detenidos-desaparecidos en esos años de dictadura. El informe fue titulado Nunca más, y en el mismo se registró la desaparición de 8.961 personas en el transcurso de 8 años (1976-1983).

Paradójicamente, los dirigentes políticos y sociales que con justa razón condenaron y siguen condenando esa política de eliminación sistemática de seres humanos son los mismos que, en democracia, después de un año de vigencia de la ley abortista, celebran que en 11 meses de vigencia de esa macabra ley hayan sido desaparecidas 32.758 personas antes de nacer, según informaciones oficiales.

Es decir, en menos de un año la “democracia abortista y abortera” asesinó inconstitucionalmente un 350% de personas más que ocho años de dictadura militar. Con el mismo método de la desaparición forzada practicada por los grupos de tareas: desaparición del niño por nacer ya en el mismo texto de la ley (no se lo menciona ni siquiera una vez), sentenciado a morir sin ningún abogado que lo defienda, ejecutado sumariamente y en forma casi inmediata a la sentencia (pronunciada por la mujer que lo gestó) y arrojado a la basura o vendido a las industrias que lucran con restos fetales abortados (ya que la ley no dice nada sobre el destino de esos restos). Con el agravante, como dijimos inicialmente, de una pena de muerte aplicada a personas totalmente indefensas y absolutamente inocentes, una conducta más propia de trogloditas prediluvianos que de progresistas revolucionarios.

En definitiva, y a modo de síntesis, podemos decir sin temor a equivocarnos que nos encontramos una vez más ante una actitud y una conducta típicamente esquizofrénicas: la “democracia abortista-abortera” actúa de la misma manera que los grupos de tareas clandestinos típicos de las dictaduras militares, a los que los representantes de esa democracia abortera repudia de palabra, pero haciendo lo mismo.

Una actitud y una conducta esquizofrénicas que están al servicio del demencial plan de genocidio demográfico prenatal diseñado por la plutocracia financiera globalista hace 50 años, mediante las políticas planificadas y ejecutadas por la cara visible de ese diabólico grupo genocida y depredador: John Davison Rockefeller III y sus lacayos políticos, científicos y culturales.

[1] En fosfeminista.org/…latinoamericano-mas-grande-en-legalizar-el-aborto/. Como se puede apreciar, es la misma organización -la IPPF- la que reconoce que fue la principal responsable de que el proyecto se convirtiera en ley, confirmando el aporte financiero que realizó para lograr sus fines.

[2] En los Informes Anuales [Annual Reports] que publica todos los años la IPPF, se puede encontrar el detalle de los países y las organizaciones privadas de todo tipo que subsidian a la organización. En promedio, el 75-80% de sus presupuestos anuales es aportado por los gobiernos de los principales países desarrollados de Europa y del mundo, tal como se puede apreciar en el Financial Statements 2019, pp. 48-49.