Explotan muertes por suicidio asistido
Mientras el parlamento de Tasmania debate una ley de eutanasia extrema, el gobierno de Victoria reveló que había aprobado 124 muertes en el primer año de su esquema de suicidio asistido.
Esa cifra vuela en pedazos la muy publicitada predicción del Presidente de Gobierno de Victoria, Daniel Andrews, de “una docena” de muertes en los primeros doce meses.
Un reporte presentado al público el 1 de septiembre reveló que hubo 67 muertes entre el 1 de enero y el 30 de junio de este año, lo que llevó el total de muertes por suicidio asistido legal en el estado a 124, con un total de 231 permisos expedidos.
Hubo 97 instancias de drogas letales dispensadas, llevando el total a 154 en el primer año. Un cuarto de la gente que murió, vio pasar solamente 11 días desde su solicitud hasta su muerte.
Se recibieron solicitudes de victorianos a través de un espectro de edades que va desde los 32 hasta los 100 años de edad, con el promedio en 71 años.
El número de médicos entrenados y registrados para apoyar la muerte voluntaria asistida aumentó un 30% desde los primeros seis meses.
El activista anti-eutanasia y director de HOPE, Branka Van Der Linden, dijo que el número de muertes era “alarmante” así como la velocidad en la que estas parecían estar ocurriendo. Luego agregó que “La mitad de aquellos que pidieron drogas letales hicieron su solicitud final menos de tres semanas después de haberla hecho por primera vez.”
“Eso no es mucho tiempo para la reflexión, para que se ofrezcan y exploren opciones alternativas, o para que el apoyo necesario sea provisto.”
El Arzobispo de Melbourne Peter A Comensoli dijo que las cifras eran “descorazonadoras”.
“Todo el estado está haciendo sacrificios para proteger a la gente del Covid-19 mientras por otro lado los hospitales públicos están promoviendo el suicidio asistido,” y afirmó que “La contradicción es desconcertante para muchos doctores.”
El Ministro de Sanidad de Melbourne, Jenny Mikakos, le dijo al Catholic Weekly que el sistema está trabajando “como debe”.
El Arzobispo de Tasmania, Julian Porteous, declaró que las provisiones de la ley “van más allá de la legislación existente en Victoria y en el oeste de Australia”, no obstante, esta no ha recibido “Ningún escrutinio experto mediante un proceso de investigación independiente”.
La filial local de la Asociación Médica de Australia, (Australia Medical Association), también se opone a la ley. Su presidente, la doctora Helen McArdle comentó a los medios de comunicación que “No estamos de acuerdo con que un doctor deba hacer cualquier acción con el propósito primario de terminar con la vida de una persona.”
El portavoz de Live and Die Well, Ben Smith, afirmó que Tasmania estaba en riesgo de consagrar “las leyes más expansivas con respecto al suicidio asistido y a la eutanasia en Australia”.
Fuente: catholicweekly