Irlanda: Sacerdotes irían a prisión por celebrar misa en público bajo nueva ley contra el invento chino
Estas medidas, que han sido consideradas como drásticas, draconianas e inaceptables han levantado cuestionamientos acerca de su constitucionalidad y desproporcionalidad.
Aparte de Gales, Irlanda parece ser el único lugar en Europa donde los servicios religiosos públicos se han detenido, y no sólo esto sino que además podrían acarrear sanciones penales.
Anoche las nuevas regulaciones (SI 448 de 2020) se convirtieron en ley. El artículo 8 de estas regulaciones prohíbe varios "eventos", definidos en líneas generales. El término incluye los servicios religiosos (con excepción de los funerales). La contravención de esta prohibición es una ofensa y la parte relevante de las regulaciones es una "provisión penal", que permite la imposición de penalidades criminales al "organizador" del evento, tales como un sacerdote que celebra una misa a la que asisten miembros del público. Las penalidades incluyen una multa, encarcelamiento o ambas cosas.
Ante cuestionamientos por parte del diputado Michael McNamara, el Ministro de Sanidad Stephen Donnelly ha prometido que no se penalizarán los servicios religiosos. No obstante parece claro que el ministro de sanidad está errado en la interpretación de la nueva ley y que un sacerdote puede potencialmente ir a prisión por celebrar misa públicamente.
Se podría argüir que penalidades similares aplican a muchos otros ciudadanos y sectores, pero sólo se necesita insistir en cuán extraordinariamente draconianas son estas medidas con respecto a la religión cuando se les compara con las de otros países.
La constitución de Irlanda garantiza la "libertad de consciencia" y la "libre profesión y práctica de la religión"; además reconoce la importancia de los servicios religiosos públicos. El ministro Donnelly no tiene ninguna evidencia para decir que estos ponen la salud en serio riesgo. Cuando recientemente se le preguntó sobre esto al doctor Ronan Glynn, oficial médico de alto rango, no pudo apuntar a ninguna evidencia.
De una u otra manera, la corte tendrá que decidir si la medida es proporcional. En vista de lo que está pasando en los demás países de Europa, y la "libertad" garantizada bajo la constitución a los creyentes religiosos a pesar de la pandemia, la respuesta seguramente es "no".
Fuente: ionainstitute
