ARGENTINA TROGLODITA: Matar al hijo es un derecho y salvar vidas es un crimen
Por José Arturo Quarracino
En un artículo anterior,ARGENTINA: Progresismo abortista y ASESINO, pusimos en evidencia que el progresismo argentino abortista, en última instancia, promueve el asesinato prenatal, ya que con la excusa de la legalización de la “interrupción voluntaria del embarazo” (eufemismo para no mencionar la palabra “aborto”) aprovecha para matar a todo recién nacido que no puede abortar. Con la complicidad. del poder político, de las instituciones judiciales y el silencio cómplice de las jerarquías religiosas -católica, protestante y evangélica.
Con la legalización del aborto en la Argentina, a fines de diciembre de 2020, podemos decir que comenzaron a abrirse las puertas del infierno en el país, con la cobertura de la ya famosa pandemia del Covid-19. Un infierno que nos retrotrae a las épocas más primitivas y bárbaras de la prehistoria humana.
Y lo mismo acontece en el mundo, en forma por demás desembozada. Un infierno que culturalmente significa el retorno a la época pre-cavernícola, troglodita, un mundo salvaje en estado puro, de inhumanidad total. Prueba evidente de esto es la institucionalización a nivel mundial del “Día del Aborto Legal y Seguro”, “celebrado” el 28 de setiembre ppdo. En definitiva, se trata de la institucionalización de la locura genocida: el asesinato del propio hijo como derecho “humano”, aunque sus promotores públicos ignoran u ocultan que en realidad es una bandera izada inicialmente por la oligarquía financiera internacional angloamericana, a través de John Davison Rockefeller III, en su plan de control de crecimiento poblacional estadounidense, elaborado a partir de un pedido del presidente Richard Nixon: “la mujer tiene derecho a disponer de su cuerpo y de su libertad” como mejor le plazca y parezca[1], razón por la cual “el aborto es derecho de la mujer para determinar su fecundidad”[2], según un “principio ético” inventado por el magnate yanqui que “sólo deben ser traídos al mundo los hijos deseados”[3].
Es decir: matar al hijo en camino a la existencia es un derecho, según la ideología de la plutocracia internacionalista. Sobre este “derecho” plutocrático se sustenta el supuesto “derecho al aborto”. Llamativamente, el progresismo abortista -liberal y socialdemócrata- levanta la bandera de la plutocracia genocida, aunque no se cansa de criticar el sistema económico, social y política que la misma ha instituido. Los enemigos políticamente ideológicos marchan unidos y al unísono para imponer el genocidio prenatal a escala mundial, en una escala impensable e inimaginable, que anualmente asesina más de 50 millones de seres humanos antes de que nazcan.
1. Ya lo hemos afirmado en reiteradas oportunidades, y lo reafirmamos una vez más: el problema de la legalización del aborto -a nivel mundial y nacional- es que en última instancia no es otra cosa que la legalización de la pena de muerte, pero no para ser aplicada a criminales y asesinos, sino a las personas más inocentes e indefensas de todas. Las personas por nacer no han cometido ningún crimen, pero son condenadas a muerte sin motivo alguno, que además, como es obvio, no se pueden defender de ninguna manera. En este sentido, pretender que matar al hijo es un derecho “humano” resulta de por sí aberrante, propio de las épocas prehistóricas pre-cavernícolas, o un salvajismo en estado puro, elevado a la enésima potencia, propio de la era de los trogloditas.
¿Por qué decimos que es propio de la era de los trogloditas? Si nos remitimos a la historia, nos encontramos con el texto político-jurídico más antiguo que se conoce, el famoso Código de Hammurabi, redactado alrededor del siglo XVIII a. C. por el rey de Babilonia. En el prólogo, el monarca-legislador afirma que redacta el texto por haber sido llamado por el poder divino para hacer realidad el imperio de la justicia en el país y para destruir a los malvados y a los malhechores, “de tal forma que el fuerte no dañe al débil” y de este modo “promover el bienestar de la humanidad”.
A partir de Hammurabi, todos los proyectos políticos conocidos -desde la Antigüedad hasta los últimos siglos- siempre han concebido al poder gubernamental como una instancia de equilibrio en la vida social, para defender a los más débiles frente al desenfreno e injusticia de los más fuertes y poderosos. Pero por primera vez en la historia, con la legalización del aborto (= la pena de muerte prenatal), el poder del Estado es puesto al servicio de los más fuertes para aniquilar al más débil de todos los seres humanos: jueces, legisladores, funcionarios y médicos actúan al unísono para destruir a los seres humanos que no tienen ninguna posibilidad de defensa. El Estado troglodita versión siglo XXI.
2. Por otra parte, resulta paradójico que, en esencia, el aborto legalizado proceda en forma idéntica a la práctica habitual de los grupos de tareas de toda dictadura militar, que en primer lugar secuestran y hacen desaparecer personas, les impiden contar con asistencia jurídica, las torturan con la colaboración de médicos y profesionales de la salud, las eliminan en forma clandestina y las descarta en bolsas de residuos, basurales, mares y ríos, tumbas clandestinas, etc. La diferencia en el caso del aborto es que los restos fetales son entregados o vendidos para diversos usos industriales (cosmetología, medicamentos, bebidas gaseosas, etc.). En este sentido, ¿no corresponde que nos preguntemos si el aborto legal no es otra cosa que desaparición forzada de personas por nacer, constituyendo en este sentido la continuidad de los grupos de tareas paramilitares, pero en el ámbito de la “democracia”?
Un dato que permite o habilita hacer esta equiparación de dictadura y democracia abortista es que, en Argentina, los números oficiales presentados por el Ministerio de Salud nacional y los provinciales en el transcurso de este año muestran que en 8 meses de vigencia de la infame ley antinatalista, las víctimas que han sido ejecutadas representan el mismo número que los detenidos-desaparecidos por la represión militar en 8 años (8.960 casos), afirmados en el documento oficial Nunca más[4]. Y si tomamos en cuenta los abortos clandestinos y los ilegalmente protocolarizados en los últimos años, son muchísimos más los desaparecidos en democracia (con el aborto) que los desaparecidos durante la dictadura cívico-militar de 1976-1983.
3. En medio del infierno desatado por la legalización del aborto en el país, hay dos hechos que son paradigmáticos, en cuanto muestran claramente la locura y la barbarie que están presentes en los partidarios del asesinato prenatal legalizado, tanto en ejecutores como en los cómplices que avalan la conducta criminal legalizada.
A) Uno de esos hechos se produjo en la ciudad de Tartagal (Salta), a fines del mes de agosto, en la que una médica decidió por su cuenta realizar un aborto a una joven de 21 años, que si bien lo había pedido en un principio luego se había arrepentido. Lo cual no impidió a la médica -a la que un sacerdote de la ciudad calificó como “monstruo”- de ponerle fin a la vida de la criatura, pero no mediante un procedimiento abortivo, dado el avanzado estado de gravidez de la madre (casi 24 semanas), sino promoviendo un parto prematuro -a través de una cesárea-, para después arrojar viva a la bebé dentro de una bolsa de residuos patológicos, quien falleció por asfixia[5].
Denunciada judicialmente, la médica fue inicialmente detenida durante unas horas, y posteriormente puesta en libertad por el juez interviniente en la causa. Y en este punto la barbarie troglodita se hizo presente nuevamente. El ministro de Salud provincial no dudó en avalar el asesinato, brindándole apoyo institucional al accionar criminal de la doctora. Y también la justicia salteña hizo su aporte, sobre todo al encontrarse con la novedad que al pretender que se efectuara una autopsia a la bebé recién nacida asesinada, para dilucidar si había nacido muerta -aunque testigos presenciales del hospital-matadero testimoniaron que la criatura había nacido viva y que la madre la había sentido llorar-, los restos encontrados estaban en estado esquelético, es decir, sin ningún tejido, aunque la muerte había sido unos días antes. Lo cual sólo tiene dos explicaciones: el cadáver era de otra criatura, o sus órganos y tejidos fueron extraídos y ¿vendidos? para su industrialización.
Llegado a este punto, el juez interviniente y el fiscal que impulsa la causa prácticamente no han avanzado más, como si esperaran que el simple transcurso del tiempo sumergiera el crimen en el olvido. En este caso, todo el peso y el poder del Estado -tanto provincial como nacional- ha sido puesto al servicio de una profesional que no dudó en ejecutar el peor de los crímenes, ante el silencio cómplice de la jerarquía diocesana y del episcopado argentino en su conjunto, con la excepción de un obispo -monseñor Damián Bitar, de la diócesis de Oberá (Misiones)- que condenó enérgicamente el crimen a los pocos días de haberse llevado a cabo.
B) El otro hecho aberrante se produjo en estos últimos días, cuando la Corte Suprema de (In)justicia de la Nación decidió rechazar sin ningún tipo de análisis y consideración la apelación presentada por un médico, el doctor Leandro Rodríguez Lastra, condenado por la justicia de la provincia de Río Negro por haber salvado la vida de una joven que había querido abortar a su hijo de 24 semanas de gestación, pero que estaba a punto de fallecer por las complicaciones derivadas del aborto clandestino que se practicó por la participación de un grupo abortista local (???).
El mencionado médico no sólo salvó la vida de la madre, sino también la del hijo que ésta última había pretendido abortar. Esta acción le valió al profesional que salvó dos vidas la denuncia penal de una legisladora pionera en la promoción del aborto en la provincia, lo cual desembocó en un proceso judicial en el que el doctor Rodríguez Lastra terminó condenado por no haber matado a nadie y haber salvado dos vidas (¿?????)[6].
El máximo tribunal judicial argentino ni siquiera analizó la causa, simplemente rechazó el pedido de su tratamiento y de este modo dejó firme la sentencia contra el doctor condenado, cuyo delito fue no haber cumplido con lo dispuesto por un documento administrativo elaborado en el año 2015 por el Ministerio de Salud de la Nación, cuyos postulados en materia de aborto estaban en abierta contradicción y conflicto, o mejor dicho, eran totalmente antagónicos con el derecho a la vida desde la concepción, consagrado en la Constitución de la Nación Argentina.
Al proceder de este modo, la Corte Suprema argentina incumplió con su deber fundamental de hacer respetar y cumplir las normas y principios consagrados en el texto que regula, ordena y sostiene la vida social y política de la Nación. No sólo procedió al mejor estilo de Poncio Pilato, lavándose las manos, sino que fortaleció la institucionalización del Estado troglodita en Argentina, produciendo un retroceso cultural de miles de años, convirtiendo la Carta Magna constitucional en un texto muerto o en una burla.
En definitiva, la legalización del aborto en Argentina no sólo ha legalizado la pena de muerte prenatal, sino que también ha impulsado y abierto las puertas para que el instinto asesino y criminal desate su furia y su odio contra los niños por nacer. Los promotores e impulsores del aborto no sólo han institucionalizado en el corpus jurídico el “derecho” a asesinar inventado por John Davison Rockefeller III –“sólo deben ser traídos al mundo los hijos deseados”-, sino que también cualquiera -en nombre de ese derecho- puede asesinar al hijo de una tercera persona o puede ser cómplice del crimen más abominable de todos.
¿Evolucionados se creen los abortistas? En realidad, no son otra cosa que representantes y portavoces de los primitivos y salvajes personajes de la prehistoria cavernícola.
