Al hacer esta afirmación, Santo Tomás ratifica que no todos los inmigrantes son iguales. Cada país tiene el derecho de decidir qué inmigrantes son beneficiosos, es decir, “pacíficos”, para el bien común. El Estado puede rechazar, por una cuestión de legítima defensa, a los elementos criminales, traidores, enemigos y otros que considere que son perjudiciales u “hostiles” para sus ciudadanos.

Santo Tomas explica que la inmigración no es un derecho sino un privilegio, que los Estados tienen el derecho de regular.