Aborto en Argentina: triunfo del pueblo, derrota de las multinacionales de la muerte
En el día de ayer, 8 de agosto, se debatió a partir del mediodía en el Senado de la Nación el proyecto de ley de legalización del aborto, aprobado el 14 de junio ppdo. por la Cámara de Diputados de la Nación bajo el eufemismo de “interrupción de embarazo”. En la madrugada del día de hoy, el proyecto en cuestión fue rechazado por la mayoría de los senadores, por 38 votos contra 31 que apoyaba el proyecto y 2 abstenciones.
Al contrario que en la Cámara de Diputados, ya desde algunos días la mayoría de los legisladores había decidido su voto de rechazo al proyecto aprobado, que tenía contradicciones jurídicas realmente insostenibles: desde afirmar en el artículo 7º que “el aborto es un derecho” si se realiza voluntariamente durante las primeras 14 semanas de la gestación -en abierta oposición al reconocimiento de la existencia de la persona desde el momento mismo de la concepción por parte de la Constitución Nacional (ley suprema de la Nación)- hasta afirmar en el artículo 1º que “el aborto es un crimen” si se realiza voluntariamente, sin causal que lo justifique, después de la semana 14ª. También presenta vacíos jurídicos inexplicables que eliminan de hecho al progenitor varón, afectando profundamente el vínculo matrimonial, al sancionar que el aborto es un derecho exclusivo y absoluto de la mujer, sin importar para nada la opinión o decisión del padre, acepte o se oponga a la eliminación del niño gestado.
Políticamente, el proyecto de legalización del aborto ha sido impulsado todos los años en Argentina a partir del año 2005, con el apoyo fundamental, no sólo ideológico y político sino también financiero, de organizaciones “no-gubernamentales” británicas y estadounidenses -Fundación Ford, Consejo de Población [familia Rockefeller], Fundación Tinker, Federación Internacional de Planificación de la Familia [IPPF], las Fundaciones de la Sociedad Abierta [George Soros] todas ellas propiedades de ese poder plutocrático-, para que organizaciones “no-gubernamentales” nativas difundieran su proyecto antinatalista y abortista, organizaciones nativas que también han contado con el aporte de fondos públicos nacionales y provinciales. En otras palabras: en Argentina, la política abortista ha sido vehiculizada y promovida por intereses imperialistas foráneos, ligados al gran capital financiero internacional, depredador del medio ambiente, concentrador de la economía y especulador improductivo, irradiador de pobreza para la mayoría de la población.
En última instancia, esa era y es la discusión de fondo planteada en el Congreso Nacional, más allá de la ley en cuestión: el sometimiento de la Argentina al plan antinatalista de la plutocracia financiera angloamericana o la afirmación de los valores culturales, espirituales y políticos que definen la personalidad histórica del pueblo argentino.
Es por eso que desde que el proyecto de legalización del aborto fuera aprobado en la Cámara de Diputados nacional, los pueblos del Interior del país comenzaron a manifestarse públicamente en las calles de sus ciudades y provincias, para hacerle saber a los senadores que los representan que la mayoría del pueblo argentino rechaza todo tipo de iniciativas que pretende institucionalizar políticas públicas basadas en el derramamiento de sangre inocente para edificar una sociedad. Fundamental en estas manifestaciones fue el aporte de los fieles de la Iglesia Católica y de las Iglesias Evangélicas, frente a la incapacidad de las fuerzas políticas de asumir un rol protagónico. En este sentido, la fe popular fue fundamental para afrontar en las calles el embate sutil seudo cultural del imperialismo internacional del aborto, mientras que la valiente y decidida actuación de diversos senadores, de distintas extracciones políticas puso fin al intento legislativo.
En el caso de los profesionales, como médicos, abogados, docentes, politólogos, se produjo la congregación espontánea de muchos de sus miembros, con la intención de institucionalizarse en organizaciones libres de toda injerencia estatal y con el objetivo de tener presencia activa y constructiva en la vida política del país.
Los partidarios del proyecto de la despenalización del aborto -en realidad, de implantación de la pena de muerte- atribuyeron la resistencia de los opositores a la ley a la influencia de la jerarquía de la Iglesia Católica, pero en realidad fue el pueblo fiel creyente, en sus distintas expresiones religiosas y políticas el que honró las tradiciones históricas culturales y religiosas de la Argentina, enfrentando decididamente el proyecto criminal de las internacionales de la muerte. Hubo acompañamiento de las jerarquías religiosas, recién en las últimas semanas, porque inicialmente habían recibido la consigna de “no levantar olas” y dejar la iniciativa en manos de los fieles.
La misma actitud cautelosa adoptaron la casi totalidad de los dirigentes de las organizaciones sociales, para no provocar “divisiones internas” en sus filas.
Queda por ver si esa afirmación de la personalidad del Pueblo argentino y de su libertad frente a los poderes internacionales que la han recolonizado desde el año 1976 puede encontrar un cauce político que le permita forjar y lograr su autonomía política, en el marco de un grave contexto social y económico cada vez más preocupante y de una dirigencia que no está a la altura de lo que hora histórica le reclama.
Éste es el desafío de fondo que enfrenta la Nación Argentina: forjar su destino histórico a partir de sus tradiciones y valores humanistas y cristianos, o someterse a los dictados del imperialismo internacional del dinero y convertirse en una triste colonia del Nuevo Orden Mundial.
Como le dijera monseñor Michael Schooyans al autor de estas líneas, en julio de 1997, en un viaje a Buenos Aires: “en Europa estamos mirando hacia donde marcha la Argentina, hacia donde vaya ella irá toda América… y no estoy hablando sólo de la Iglesia argentina, sino del país en su conjunto”.
El Pueblo argentino se ha puesto de pie para defender la vida. Seguramente América se unirá en torno a este ideal, fundamental para configurar una sociedad libre, justa, soberana y digna.
